"Efecto Pettovello al revés": fuerte rechazo gremial a la nueva Secretaría de Capital Humano en Corrientes

Con la creación de la nueva Secretaría de Capital Humano, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, busca reestructurar, centralizar y ampliar el control sobre la administración de los recursos humanos, sueldos y la salud ocupacional del personal estatal. [1, 2, 3]

Aunque la denominación replica el nombre del megaministerio nacional conducido por Sandra Pettovello, analistas y sectores locales señalan que el objetivo real del gobierno provincial opera bajo una lógica inversa a la de la Nación: [4, 5]

• Ampliación de la estructura del Estado: A diferencia del modelo nacional orientado al recorte, la réplica correntina funciona bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas y expande el organigrama estatal sumando 4 direcciones, 1 subdirección y 11 departamentos, lo que genera nuevos cargos públicos. [5]
• Centralización de la gestión interna: Entre sus dependencias se encuentran la Dirección General de Personal, el Departamento de Liquidación de Sueldos Docentes, y las áreas de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos del Trabajo. El gobernador apunta así a unificar bajo una sola secretaría la fiscalización técnica, las capacitaciones, la auditoría médica y las decisiones salariales del personal de la provincia. [1, 6]

La medida, oficializada mediante decreto y publicada en el Boletín Oficial, ha sido fuertemente cuestionada por gremios y sectores de la oposición, como el colectivo de Docentes Autoconvocados, quienes advierten que este "estilo Pettovello al revés" se utiliza para engrosar el aparato político en lugar de resolver la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. [1, 4] VENTAJAS Y DESVENTAJASLa creación de la nueva Secretaría de Capital Humano en la provincia de Corrientes genera diversas lecturas. Mientras que desde el Poder Ejecutivo se presenta como un avance organizativo, la oposición y los gremios estatales la observan con desconfianza.A continuación, se detallan las principales ventajas y desventajas que se desprenden de esta medida:
Ventajas (Argumentos de la gestión de gobierno)

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• Centralización y eficiencia administrativa: Al unificar bajo una sola órbita el control del personal, la liquidación de haberes (incluido el complejo sector docente) y las auditorías de salud ocupacional, se busca reducir la burocracia dispersa en diferentes ministerios.
• Control de ausentismo y salud laboral: La centralización de la auditoría médica y la prevención de riesgos laborales permite un seguimiento más estricto de las licencias médicas, lo que teóricamente optimiza el presentismo y los recursos del Estado.
• Modernización y capacitación: La estructura contempla áreas destinadas al desarrollo técnico y la capacitación continua de los agentes públicos, apuntando a mejorar la calidad del servicio ciudadano.
• Coherencia salarial: Al coordinar la liquidación de sueldos bajo el Ministerio de Hacienda, el gobierno busca garantizar una mayor previsibilidad y homogeneidad en la política salarial del sector público. [1]

Desventajas (Argumentos de los gremios y sectores críticos)

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• Aumento del gasto político: A contramano del discurso de austeridad, la medida expande el organigrama estatal al sumar 4 direcciones, 1 subdirección y 11 departamentos. Los críticos señalan que esto solo sirve para crear nuevos cargos jerárquicos y "engrosar el aparato político".
• Contradicción con las prioridades salariales: Los sindicatos y sectores docentes cuestionan que se destinen recursos a crear nuevas estructuras burocráticas en lugar de canalizarlos hacia la recomposición de los sueldos básicos, que se encuentran afectados por la inflación.
• Riesgo de mayor persecución laboral: Al centralizarse de forma tan rígida el control de la salud ocupacional y las licencias médicas, los trabajadores temen que la secretaría funcione como una herramienta de ajuste encubierto, presión o persecución hacia el personal con problemas de salud.
• Falta de consenso social: Al haber sido implementada de forma vertical mediante un decreto del Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial, la medida no contó con el debate legislativo ni la consulta a los representantes gremiales, lo que tensiona la relación con el arco sindical.

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