Por la Redacción de La Balanza Rota
Para que quede claro desde el inicio: este informe no pretende cuestionar el derecho legítimo al progreso o al acceso a la vivienda de los vecinos del barrio El Progreso. Lo que aquí se denuncia es un sistema de asimetría institucional crónico y abuso de poder, ejecutado por una misma línea política e ideológica que lleva años gobernando Curuzú Cuatiá. La reciente intervención municipal en tres manzanas privilegiadas del barrio no es un hecho aislado; es la punta del iceberg de una doble vara que castiga al ciudadano común y al productor, mientras el Estado utiliza fondos públicos para competir de manera desleal en el mercado inmobiliario.
La Herencia del Abandono: Los Loteos de la Gestión de José Irigoyen
La trampa de la Ordenanza de Loteos N° 2410/2006 no nació ayer. Durante los ocho años de gestión del exintendente José Irigoyen, el municipio autorizó y aprobó con ligereza técnica diversos loteos privados dentro del mismo barrio El Progreso. Bajo el amparo legal de esa misma municipalidad, cientos de curuzucuateños invirtieron los ahorros de su vida comprando terrenos con la promesa de un desarrollo urbano digno.
Hoy, la realidad es una estafa encubierta:
- Los titulares de esos lotes autorizados en la gestión de Irigoyen se presentan ante la Dirección de Energía de Corrientes (DPEC) y las prestatarias de agua para solicitar las conexiones básicas, ubicadas a apenas 200 metros del tendido existente.
- La respuesta oficial es un portazo: la DPEC se niega a realizar la obra y exige que el loteador original o los propios vecinos financien la infraestructura con fondos privados.
- La contradicción: Mientras a estos vecinos históricos la gestión actual de Verónica Espíndola les da la espalda alegando "falta de presupuesto", a escasos metros el municipio inyectó millones de pesos de recursos públicos para pavimentar, iluminar y colocar transformadores express en sus propias tres manzanas comerciales. Misma ideología, mismo barrio, pero dos varas completamente distintas según quién venda la tierra.
El Bloqueo al Campo: Una Trampa Recaudatoria en la Zona Rural
El abuso de poder de la Ordenanza 2410/2006 extiende sus garras con especial saña hacia las familias y productores de las zonas rurales. Si un particular desea subdividir y vender terrenos en el ámbito rural para subsistir o expandir la comunidad, el municipio le impone un cepo legal absoluto:
- La Prohibición de Subdividir: Está prohibido lotear parcelas menores a una hectárea (10.000 metros cuadrados) a menos que el municipio decida, de forma discrecional, declarar el área como "zona urbana", pero luego se debe cumplir con la 2410.
- Infraestructura Imposible: En caso de intentar cualquier subdivisión, se le exige al privado colocar tendidos eléctricos con cables nuevos bajo normas vigentes, postes homologados y transformadores propios a su entero costo.
Esta exigencia no solo frena el progreso familiar y la ampliación de viviendas privadas, sino que constituye una flagrante hipocresía estatal. Los vecinos que hace años habitan la zona rural vienen suplicando de manera sistemática a la DPEC que renueve los cableados existentes. Actualmente, el sector rural está sostenido por líneas monofásicas obsoletas cuyo amperaje es totalmente insuficiente: la tensión no alcanza para encender un lavarropas, sostener un calefón eléctrico y mucho menos un aire acondicionado en los días de calor.
Tarifas de la Torre Eiffel para un Servicio del Tercer Mundo
El corazón del reclamo popular radica en la estafa tarifaria. Mientras el servicio eléctrico en la zona rural y en los loteos abandonados de El Progreso es digno de un paraje olvidado del tercer mundo, las facturas de la DPEC llegan con montos astronómicos, calculadas como si los vecinos vivieran frente a la mismísima Torre Eiffel en París.
El Estado provincial y municipal se asocian en la recaudación: cobran tarifas premium por un servicio deficiente, no invierten en las redes generales para los ciudadanos que pagan sus impuestos todos los días, pero sí disponen de transformadores, postes y caños troncales de agua inmediatos cuando el que necesita revalorizar un terreno para venderlo es el propio Intendente o su estructura política.
Conclusión: La Responsabilidad de una Misma Gestión
No hay bache ideológico ni cambio de rumbo que justifique este desmadre: José Irigoyen y Verónica Espíndola pertenecen al mismo equipo de gobierno. La transición municipal solo sirvió para perpetuar un modelo donde el municipio actúa como una corporación inmobiliaria privada que asfixia la inversión de los particulares, bloquea el crecimiento rural, recauda con tarifas abusivas y gasta el dinero público de forma selectiva para garantizar sus propios negocios.
Desde La Balanza Rota exigimos que el Concejo Deliberante rompa la obediencia partidaria, audite a dónde van los fondos de las ventas de terrenos y en especial finalmente quien será el dueño de las tres manzanas de El Progreso y derogue las exigencias leoninas de una ordenanza que solo sirve para que el ciudadano común siga viviendo a oscuras mientras paga boletas de primer mundo.
