CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, SR. JUAN PABLO VALDÉS
Publicado originalmente en La Balanza Rota
Por la Redacción de Investigación de La Balanza Rota
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted, Sr. Gobernador
Juan Pablo Valdés, no solo en su carácter de máxima autoridad del Poder Ejecutivo provincial, sino como depositario de la confianza democrática que miles de correntinos le entregaron en las urnas con la firme convicción de que sus derechos fundamentales serían defendidos. Hoy, desde nuestro espacio periodístico comprometido con la búsqueda de una justicia más justa, nos vemos en la obligación ética de transmitirle una urgencia que no puede seguir esperando en las salas de espera: el desamparo absoluto de los pacientes correntinos frente a la estafa institucionalizada del "plus médico".
Nuestra provincia padece un vacío legal inexplicable. Mientras jurisdicciones vecinas como Chaco (con su
Ley 2419-G) o Entre Ríos (con su
Ley 10.439) asumieron el compromiso histórico de legislar de cara a la gente —creando normativas específicas "Anti-Plus" con duras sanciones para los profesionales que abusan del eslabón más débil—, en Corrientes el silencio legislativo es ensordecedor.
Sr. Gobernador, la práctica de cobrar adicionales de entre $50.000 y $150.000 por consulta a pacientes que ya pagan su obra social o prepaga de manera mensual no es una "compensación por la inflación", ni se justifica por el retraso de la cadena de pagos (que financieramente apenas representa una devaluación del 11% al 12% real). Es un negocio clandestino. Es una desregulación salvaje a la vista de todos que ha transformado el acto médico y humanitario en una unidad comercial en negro, violando las Leyes Nacionales
23.660 y 23.661, y evadiendo impunemente al fisco nacional.
¿Cómo es posible que permitamos semejante vulnerabilidad en un área tan sensible como la salud? ¿Por qué las autoridades provinciales continúan haciendo la vista gorda ante un abuso sistemático que vacía los bolsillos de los trabajadores, de los jubilados y de las familias correntinas? ¿Para esto sirve la delegación del poder del pueblo; para mirar hacia otro lado cuando las corporaciones imponen sus reglas por fuera de la ley?
El control que pueda ejercer el IOSCOR a través de sus contratos es una barrera administrativa totalmente insuficiente para frenar una impunidad que ya es cultural en los consultorios de nuestra provincia. Los ciudadanos de Corrientes no pueden ser rehenes de una disputa corporativa entre los círculos médicos y las prestadoras.
Por todo esto, desde La Balanza Rota, le exigimos una reacción política urgente. Es hora de que su gestión impulse y encabece un proyecto de ley provincial "Anti-Plus" que prohíba de forma explícita y tajante este cobro ilegal, que proteja la identidad de los pacientes denunciantes y que aplique sanciones ejemplificadoras a las clínicas y profesionales que se enriquecen a costa del dolor ajeno.
Gobernar es fijar prioridades. Y cuidar la salud y la economía de su pueblo debe estar en el primer lugar de su agenda. Quedamos a la espera de que la voluntad política finalmente se traduzca en leyes que defiendan a los correntinos.
Lo saludamos atentamente,
Equipo de Investigación
La Balanza Rota - Luchando por una justicia más justa