El país de los números récord y los bolsillos vacíos
Por la Redacción de La Balanza Rota
La macroeconomía argentina parece transitar por una autopista de datos celebratorios. Desde los despachos oficiales se anuncian con entusiasmo las proyecciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), junto a la multimillonaria entrada de divisas que prometen la minería en la cordillera, el agro en la pampa húmeda y el petróleo en Vaca Muerta. Las arcas de la Nación proyectan ingresos extraordinarios, y los mercados financieros globales miran con simpatía el rumbo fiscal. Sin embargo, cuando esos números bajan a la tierra, colisionan de frente con una realidad inocultable: la vida diaria del ciudadano común.
Es momento de llamar a una profunda reflexión al gobierno del presidente Javier Milei. Todo ese despliegue de riqueza subterránea y producción a gran escala no es un milagro abstracto; es el resultado directo del esfuerzo histórico, la infraestructura y el sacrificio diario de cada vecino de la República Argentina. Lo mínimo que el pueblo trabajador espera a cambio de semejante esfuerzo es que esos beneficios se reflejen en la economía doméstica.
Resulta contradictorio que un país que se encamina a ser una potencia energética global castigue los bolsillos de sus ciudadanos con tarifas de gas y combustibles que vuelven cuesta arriba la producción, el transporte y el simple hecho de calefaccionar un hogar. Si las inversiones nacionales avanzan, el primer beneficiado debería ser el bolsillo del argentino que trabaja, estudia, cura, investiga y sostiene el tejido social de la patria.
El Presidente insiste en sus discursos en que las cosas están mejor. Pero la calle no miente y el pueblo no lo siente en el día a día. Se nos repite con gráficos y estadísticas que las jubilaciones le han ganado a la inflación. Desde un punto de vista puramente técnico o matemático, las planillas de Excel pueden darle la razón al mandatario. Pero la realidad práctica es mucho más cruel: cuando la base de un haber jubilatorio oscila entre los $400.000 y $600.000, cualquier mejora porcentual se disuelve en el mostrador del almacén o en la ventanilla de la farmacia. No se puede festejar un triunfo estadístico sobre una base de miseria.
La indignación social madura cuando el ciudadano nota que ese mismo sacrificio no se refleja en absoluto en las altas esferas del poder. Mientras la sociedad ajusta sus consumos más básicos, los jueces, diputados, senadores, ministros, gobernadores, intendentes y concejales continúan percibiendo ingresos y prebendas que les permiten vivir en una realidad económica del primer mundo. Pareciera que la dirigencia política e institucional, sin distinción de banderas, se ha convertido en la única beneficiaria del esfuerzo descomunal que diariamente realizamos los hermanos argentinos. El ajuste no puede ser el monolito que sostiene el bienestar de una casta burocrática intocable.
El verdadero festejo, el que convertiría a cualquier gobernante en un auténtico héroe nacional, ocurriría si la base de la pirámide previsional estuviera, hoy Julio de 2026, en $1.500.000. Con un piso digno, el consumo se reactivaría y la rueda de la economía real empezaría a girar para todos. A partir de allí, no solo los abuelos estarían mejor; la mejora se derramaría de forma genuina sobre los maestros que educan, los universitarios que buscan un futuro, los policías y fuerzas armadas que nos cuidan, los médicos que salvan vidas, los científicos que innovan y los artistas que sostienen nuestra identidad cultural.
Gobernar es asignar prioridades. Los recursos están y la riqueza empieza a ingresar de a miles de millones. Es hora de que el Gobierno comprenda que el éxito de una gestión no se mide por el aplauso de los mercados financieros ni por el superávit de un papel, sino por la dignidad, la equidad y la tranquilidad de las familias que habitan el suelo argentino.
